Por Cristhian
Salazar
"Todos los
males de la democracia,
pueden curarse
con más democracia"
...Alfred E.
Smith
Recientemente, el Congreso del
Estado aprobó una Reforma Electoral que será aplicada en las próximas elecciones locales. Esta
reforma es histórica para Durango, sobre todo
por las figuras jurídicas de participación ciudadana que se incorporan a nuestra Constitución.
Sin embargo, los partidos del
Trabajo y Acción Nacional, a través de sus dirigentes estatales, han desacreditado y
rechazado la reforma, por tratarse -según ellos- de una imposición de la mayoría priista en el Congreso y por
ser demasiado "light", al no incluir otros rubros como la disminución de diputados y el voto electrónico. ¿Están moralmente autorizados estos partidos para hablar sobre
democracia? Es como si el Chapo Guzmán nos quisiera dar una cátedra de honestidad y decencia.
El PT podría ser uno de los partidos más
antidemocráticos del mundo, con un único dueño a nivel nacional, que salta
de una Cámara a otra para seguir
mamando el presupuesto; con una camarilla de chilangos, que en Durango
transformaron al partido en una franquicia privada; y con prácticas tan antidemocráticas, que harían palidecer al más autoritario de los priistas.
Cuando "los magníficos", el grupo hegemónico del PT, detectan algún
joven talentoso dentro de sus filas, lo utilizan como carne de cañón en las elecciones, y luego lo destruyen porque ven en él a un enemigo futuro. Basta recordar el caso del muchacho,
al que estos malandrines despojaron de una diputación para dársela a Gustavo Pedro Cortés.
Por su parte, el PAN tampoco
puede presumir de ser un instituto político donde reina la
democracia. En ese partido las decisiones son tomadas por una cúpula desde el Comité Nacional, los candidatos son
elegidos por dedazo, al más puro estilo del viejo PRI.
El resultado de esas prácticas, es la desastrosa
debacle que vive actualmente el partido de Gómez
Morín.
El buen juez por su casa
empieza. Petistas y panistas deberían primero democratizar sus
respectivos partidos, antes de venir a decirnos que son los nuevos
"paladines de la democracia". Sus declaraciones en contra de la
reforma, responden más bien a una coyuntura política, que a los intereses de la mayoría de los duranguenses.
Política es sinónimo de negociación, y en una negociación, ambas partes tienen que
ceder algunas de sus pretensiones. Pero la oposición quería llevarse todo. Querían la cabeza de los consejeros electorales, y éstos "renunciaron voluntariamente"; querían Reforma Electoral y la obtuvieron, pero la querían como un traje a la medida para beneficiarse en 2013.
Además, como la pinten, la reforma es un paso adelante en
democracia, sobre todo, fortalece la ciudadanización de la política, al incluir las figuras de Consulta Pública y las candidaturas independientes, dos históricos reclamos de la sociedad, que además son parte de una tendencia mundial, necesaria para
quitarles a los partidos el monopolio del poder público.
También se disminuyen los tiempos de campaña para elecciones a Gobernador, diputados e integrantes de
los ayuntamientos, las cuales podrán durar como máximo 60 días. Esto impactará directamente en los gastos de los partidos para
proselitismo.
Otro rubro importante de la
reforma electoral, es la ampliación de los periodos para
sesionar del Congreso del Estado y la eliminación
de la facultad de gestión de los legisladores locales, quienes dejarán de recibir cantidades obscenas de dinero, del cual jamás rindieron cuentas. Estas modificaciones legislativas,
junto con la Iniciativa Preferente, que también
está contemplada en la reforma, le
darán mayor agilidad a nuestro
lento Poder Legislativo.
Es cierto que quedan el
tintero muchos temas pendientes, como la Revocación
de Mandato o el Referéndum, figuras de gran
trascendencia en cualquier país democrático. Pero las leyes son perfectibles, pueden modificarse y
adecuarse a la realidad social del pueblo. Recordemos que nos encontramos en
medio de un proceso de consulta, rumbo a la construcción de una nueva Constitución,
o una reforma del Estado, que debe llevarse a cabo con la participación de todo el pueblo. Es una gran oportunidad para diseñar un marco jurídico más eficaz y mucho más democrático.
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